La ciudad de Benavente ha infrigido las reglas de protección de datos.
La agencia cree que el Consistorio tiene hasta tres tipos de archivos sin declarar en el Registro General.
La Agencia Española de Protección de Datos ha decidido presentar la Ayuntamiento de Benavente por la presunta infracción de la Ley de Protección de Datos Personales para mantener hasta tres tipos de archivos sin el respaldo de las leyes y no declararlos en el registro General de Protección de Datos.
La aplicación de la Ley de Protección de Datos en las comunidades vecinas
La aplicación de la Ley de Protección de Datos en las comunidades de vecinos
El derecho a la protección de datos de carácter personal es un derecho que figura en nuestra ley en el artículo 18.4 de la Constitución y que indica literalmente “la ley limita el uso de la política de información para garantizar el honor y el personal y privacidad de la familia de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. La protección de datos afecta a todo el archivo. Para el archivo se ha de entender todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y el acceso. Las comunidades de propietarios, como cualquier otra organización, maneja los datos de carácter personal y los contratos con servicios de terceros, que deben ajustarse y adaptarse a la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Las cajas de ahorros de las SIP deben andarse con mucho cuidado con Protección de Datos
La creación de los servicios institucionales de protección (SIP) de las cajas de ahorros han planteado serias dudas sobre la posibilidad de que puedan incumplir las condiciones impuestas por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) para la cesión de datos, ya que se trata de grupos de sociedades establecidos a través de acuerdos contractuales y no como grupos consolidados. La norma equipara a las SIP entre los grupos consolidables de entidades de crédito, siempre que, entre otras condiciones, exista una entidad central que determine con carácter vinculante sus políticas y estrategias de negocio, así como los niveles y medidas de control interno y de gestión de riesgos.
